El acto, convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM) y la central sindical única, el PIT-CNT, fue realizado en solidaridad con Venezuela, y en rechazo a las recientes declaraciones del Ejecutivo colombiano que condujeron a un quiebre en las relaciones entre ambos países.

Radio Mundo Real estuvo presente en la actividad, en donde dialogó con Gabriel Bermúdez, Secretario de Relaciones Internacionales de la FEUU, y con el poeta venezolano Ely Briceño, integrante del Frente de Creadores Militantes.

Bermúdez estuvo a cargo de la oratoria que se realizó en el acto por parte de la Federación, y en conversación con Radio Mundo Real, recalcó algunos de los puntos clave de la misma, que implicaba el reclamo por la paz y el respaldo a Venezuela.

“Lo que nos incitó desde la Federación es salir a [dar] una respuesta de reclamar paz. Puede haber diferencias, podemos tenerlas, está bien que las tengamos, lo que no puede haber es de alguna manera una acción bélica, no puede haber guerra entre hermanos”, señaló el Secretario de Relaciones Internacionales de la FEUU.

Una vez finalizado el acto -en el que interpretaron sus canciones artistas como Daniel Viglietti, Luis Pino, Elena Gil, Heber Rodríguez, María Elena Melo, Edgardo Muscarelli y el colectivo Frente de Creadores Militantes- Radio Mundo Real entrevistó a Ely Briceño, quien integra el Frente de Creadores.

Briceño habló de la tarea de su colectivo –que implicaba aportar políticamente “desde lo subjetivo, desde el corazón” a través del arte, para construir un mundo diferente- y se refirió concretamente al acto que se había desarrollado a favor de la paz.

En éste, según afirmó, se había demostrado “que existía unidad latinoamericana”. Además, indicó que la canción de los artistas comprometidos estaba “en pie de lucha”, para hacer “una resistencia cultural” frente a los embates que recibía América Latina.

Foto: Radio Mundo Real

Bayer deberá pagar, de acuerdo a la sentencia, más de 25 000 dólares diariamente si no suspende de forma inmediata la comercialización, siembra, transporte e importación de su maíz transgénico.

La variedad Liberty Link de Bayer había sido liberada comercialmente por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de concretar esas concesiones en el país, a condición de que fueran realizados estudios de monitoreo pos-cosecha y de coexistencia con variedades convencionales de maíz, lo cual no se cumplió.

Las organizaciones brasileñas Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, habían solicitado la suspensión de la liberación concedida al maíz Liberty Link.

Desde 2007 estas organizaciones tienen una acción civil pública en proceso en la que exigen a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que se realicen adecuados análisis de riesgos sobre la salud y el medio ambiente de las variedades transgénicas propuestas. El trabajo de esa comisión ha sido cuestionado duramente en los últimos años. Las organizaciones brasileñas piden además que se brinde toda la información disponible a los ciudadanos.

Por su parte, otra empresa del sector de los agronegocios, la estadounidense Cargill, también enfrenta un importante revés en Brasil. El Ministerio Público Estatal de Pará no quedó conforme con un estudio de impacto ambiental que la compañía presentó el 14 de julio sobre su puerto en Santarém, en audiencia pública realizada en esa localidad, muy concurrida y con fuerte operativo de seguridad.

Se abrirá “una investigación policial para determinar la veracidad de los datos del estudio de impacto ambiental de la terminal de granos de Cargill en Santarém”, empieza diciendo el Ministerio Público Estatal paraense, citado en la web del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. “Procuradores de los Ministerios Federal y Estatal tienen fuertes sospechas de que las informaciones contenidas en los estudios no son verdaderas”, sentencia.

La Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil había presentado el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de Pará un extenso archivo para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de Cargill en Santarém.

La terminal lleva siete años de operativa sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y sin las audiencias públicas que la avalen, según informa la agencia Adital. Varias organizaciones brasileñas argumentan que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación nacional y que su presencia provocó el desplazamiento de cientos de familias de comunidades rurales que se dedicaban a la pequeña agricultura hasta la llegada de la soja.

Foto: http://www.flickr.com/photos/diversey/

Los opositores al proyecto hidroeléctrico financiado por organismos internacionales sufrieron persecuciones, secuestros y fueron asesinados, mientras que los sobrevivientes de esa masacre, en su mayoría indígenas mayas, siguen sin cobrar los resarcimientos que les corresponderían.

Las comunidades afectadas por las inundaciones del río Chixoy se quedaron sin sus tierras y viven hoy en la extrema pobreza.

A partir de 1980 comenzó un proceso de desplazamiento forzado que perjudicó para siempre a unas seis mil familias, de acuerdo a la información que manejan las organizaciones International Rivers y el Centro Legal para la Defensa Ambiental, que han asesorado a la población local.

Estos grupos reclaman que las reparaciones corran por cuenta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaron las obras promovidas por los militares.

Un estudio independiente encargado por las organizaciones, que fue presentado en 2005 concluye que el desarrollo de la represa se hizo “a costa de la pérdida de vidas, tierras, y economías locales, violó las leyes nacionales e internacionales, y causó miseria extrema en las comunidades que antes tenían un modo de vida sostenible”.

En paralelo a estos pedidos, las organizaciones ambientalistas recogen adhesiones a través de una carta, con el propósito de persuadir a las autoridades de Guatemala, sobre todo al actual presidente Álvaro Colom.

En octubre de 2005, las comunidades afectadas por Chixoy fueron las anfitrionas de la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, y allí presentaron su situación ante decenas de activistas extranjeros. Los miles de guatemaltecos que sufrieron los daños de estas obras han planteado sus denuncias en diferentes ámbitos, pero la justicia sigue sin llegar.

Foto: Monti Aguirre, International Rivers

Organizaciones indígenas, sociales y ecologistas de Panamá han ido movilizándose contra los megaproyectos como son la minería y las represas.

Por ello, el gobierno de Panamá promueve la Ley 30 o “Ley Cárcel” que busca criminalizar la protesta y el movimiento social en el país. Miles de trabajadores se movilizaron para exigir que se derogue dicha ley y fueron reprimidos violentamente.

Ante esta situación se conformó una Caravana Internacional Solidaria de observación y denuncia que está partiendo este miércoles 28 de julio para arribar a la ciudad de Panamá el 12 de agosto próximo nos comenta Eduardo Cuesta, miembro de la organización Asociación Catalana por la Paz, que coordina esta delegación.

El derrotero de esta caravana, que podrá seguirse a través del blog diseñado a tal efecto, incluirá Guatemala, Honduras, Nicaragua y estará arribando a Panamá donde tendrá lugar el grueso de las actividades.

En tanto en el istmo, funcionarios del gobierno panameño encabezado por Martinelli enfrentan denuncias de organizaciones sociales por la actuación de la fuerza pública en la provincia de Bocas del Toro, escenario reciente de enfrentamientos entre obreros bananeros y la Policía Nacional precisamente por la aplicación de la normativa antisindical.

La Procuraduría General de la Nación recibió los reclamos para investigar a los ministros de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y de Trabajo, Alma Cortés.

Una de las querellas fue presentada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) por la supuesta violación de los Derechos Humanos. Asimismo, el Movimiento de la Juventud Popular de la Universidad de Panamá añadió la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales, reportan las agencias internacionales desde la capital panameña.

A las demandas se sumaron juristas del movimiento Unión de los Pueblos, en representación de miembros de las comunidades indígenas de Bocas del Toro.

El balance oficial de las protestas en la ciudad de Changuinola da cuenta de dos víctimas fatales entre los manifestantes y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en los órganos visuales debido al empleo de perdigones por la Policía Nacional.

Sin embargo, los datos de entidades independientes sitúan entre seis y ocho los decesos durante los enfrentamientos.

Foto: www.kaosenlared.net