Category: Industrias extractivas

El derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México tras la explosión de una plataforma petrolera semi sumergible de la empresa británica BP lleva casi sesenta días. Durante ese período, se han vertido cientos de millones de litros de crudo al golfo, en lo que ha sido el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos.

El martes se supo que la cantidad de barriles de petróleo que se vierten diariamente es de entre 35.000 y 60.000, lo que supera más de diez veces las proyecciones iniciales, y aumenta la indignación en el territorio estadounidense.

“Se está volviendo cada vez peor”, exclamó Nick Berning, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, al ser consultado por la situación en el golfo por Radio Mundo Real.

“La vida silvestre está siendo dañada mientras el derrame se expande más y más, las aves están siendo cubiertas con petróleo, también los delfines y otras formas de vida marina. Los impactos sobre la economía y la gente son devastadores. Hay mucha gente que depende de la pesca para vivir, y ahora no se puede pescar. La economía del golfo está en verdaderos problemas”, señaló Berning.

Ayer por la noche, en lo que fue el primer discurso de su presidencia televisado a todo el país desde la Oficina Oval, el presidente estadounidense, Barack Obama, se refirió al derrame y a las medidas que tomaría su gobierno para enfrentarlo.

“Hasta ahora, este derrame de petróleo ha sido el peor desastre ambiental que ha debido afrontar Estados Unidos. Y a diferencia de un terremoto o un huracán, no se trata de un evento aislado que produce daños en minutos, o en días. Los millones de galones de petróleo que se han derramado en el Golfo de México se parecen más a una epidemia, una que estaremos combatiendo por meses e incluso por años”, dijo Obama.

Y agregó: “Pero no se confundan: lucharemos contra este derrame con todo lo que tenemos por el tiempo que sea necesario. Haremos que BP pague por el daño que ha causado. Y haremos lo necesario para ayudar a la costa del Golfo y a su gente a recuperarse de esta tragedia”.

Entre las medidas que Obama anunció está el continuar con las tareas de limpieza, el investigar qué fue lo que ocurrió en la plataforma, y el hacer que el Servicio de Gestión de Minerales vigile de cerca a la industria petrolera. Además, el mandatario indicó que, si bien se necesitaban formas de control y regulación más fuertes, había que considerar un cambio hacia la energía limpia, que redujera la dependencia de los combustibles fósiles.

“Apreciamos el llamado que el presidente hizo esta noche para que se desarrollen políticas que generen más energía limpia, pero es importante notar que mucha de la legislación energética que está siendo considerada por el Congreso ha estado excesivamente influida por las industrias contaminantes y no nos conducirá a esa meta”, señaló el presidente de Amigos de la Tierra Estados Unidos, Erich Pica, en un comunicado de prensa de dicha organización.

“El presidente puede y debe ir más allá en la lucha contra los lobistas de la contaminación cuya influencia se encuentra en la raíz de nuestros problemas energéticos. Reformar el Servicio de Gestión de Minerales es un paso necesario pero no suficiente. Se le debe marcar la salida a los lobistas de todas las industrias de energía sucia, y las agencias que se encargan de monitorear la minería de carbón, los reactores nucleares y los agronegocios deben ser reformadas también”, añadió Pica.

Foto: www.whitehouse.gov

El gobierno de la capital colombiana decidió esta semana sancionar a la trasnacional suiza Holcim con fuertes multas económicas por explotar de manera ilegal el suelo y el agua del río Tunjuelo, en su actividad extractiva en el Parque Minero Industrial de la Ciudad de Bogotá.

Dialogamos con el integrante de CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Andrés Idárraga, quien recordó que esta empresa fue denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en sus recientes sesiones en Madrid, España.

La ciudad de Bogotá ha debido invertir en "reparar" los daños de esta empresa sobre las márgenes del río Tunjuelo, "siete veces la cifra de regalías obtenidas", nos cuenta Andrés.

“Entre otras denuncias, encontrábamos el desvío de la cuenca, la desaparición de una de sus sub-cuencas y la contaminación atmosférica, por las transnacionales Holcim, Cemex y la empresa colombiana Fundación San Antonio, todas dedicadas a la minería de arrastre a costa de la pauperización de las condiciones socio-ambientales de los habitantes empobrecidos que habitan alrededor de estas zonas de explotación minera”, señala el integrante de Amigos de la Tierra Colombia.

Otra de las medidas que ha tomado la Secretaría de Ambiente de Bogotá, es la suspensión de las actividades por modificar el lecho del río Tunjuelo, por la pérdida del cauce y por la afectación de los acuíferos y aguas subterráneas.

“En el caso de Bogotá y Amigos de la Tierra Colombia, es una muestra de que no estábamos en absoluto equivocados, ni mucho menos enfrentando transnacionales y acompañando sectores populares, sin fundamentos serios”, dice Andrés Idárraga desde Bogotá.

Foto: www.elespectador.com

La semana pasada, el gobierno de Guatemala, que preside Álvaro Colom, decidió negarse a atender al pedido de suspensión de la actividad minera efectuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que motivó protestas de las comunidades afectadas que exigen un cambio en la postura del Ejecutivo.

El pasado viernes, apenas un día después de que más de 300 personas se manifestaran a las afueras del Palacio Nacional con la intención de entregarle una carta a Cólom fundamentando el por qué eran necesario suspender la actividad minera, Radio Mundo Real dialogó sobre este hecho con Leopoldo Méndez, quien forma parte de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej y de la Asociación Maya Uk'úx Bé.

Méndez afirmó que aún no habían tenido respuesta frente al reclamo, y relacionó la postura del gobierno con la herencia colonial que aún se mantiene en Guatemala.

“La impunidad de este gobierno -que se manifiesta al decir que continúa la explotación minera en nuestro país, ofendiendo a nuestros pueblos, ofendiendo a la madre naturaleza-, significa que realmente sigue con una política heredada, podríamos decir que él es un capataz de los dueños de las empresas trasnacionales e incluso de empresas nacionales también”, señaló.

Asmismo, Méndez indicó que el gobierno tomaba una postura “inhumana y desnaturalizada”, porque las comunidades afectadas estaban sufriendo la contaminación y las problemáticas asociadas a ésta, como la aparición de enfermedades.

“Consideramos que es un nuevo insulto que hay tanto a las resoluciones de la CIDH como también a las resoluciones de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]. Pero algo más que nosotros hemos estado anotando aquí es una resolución que la madre naturaleza ha emitido hace exactamente unos ocho días. Acá el volcán de Pacaya ha hecho una explosión, y ha regado bastante arena en el centro del país, y luego vino el huracán Agatha, que nosotros podemos decir que es como una respuesta muy fuerte que nos hace la sagrada lluvia y también la Madre Tierra. Consideramos que a la par de las dos resoluciones a favor de los pueblos y a favor de la madre naturaleza también la misma naturaleza se expresa. La misma naturaleza da un mensaje bastante fuerte que lamentablemente los deshumanizados de nuestro gobierno no lo entienden, o se hacen los desentendidos”, sentenció.

Foto: http://www.waqib-kej.org/

Comenzamos nuestro recorrido en Oaxaca, donde desafiando al miedo, una nueva caravana humanitaria intentará llegar hasta San Juan Copala. Luego nos fuimos a Guatemala, en donde las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, perjudicadas por la actividad de la minera Marlin, preparan movilizaciones para protestar por la actitud del gobierno nacional frente a su negativa a atender al pedido de suspensión de la actividad minera efectuado por la CIDH.

Desde allí fuimos a Argentina, donde nuestros corresponsales en ese país nos trajeron el testimonio de la asamblea ¡Traslasierra despierta! Y terminamos en Gaza, donde un ataque de Israel a una flotilla humanitaria estremeció al mundo a comienzos de esta semana.

Foto: Free Gaza

El gobierno de Guatemala, que preside Álvaro Colom, decidió esta semana que no atenderá al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 20 de mayo decidió otorgar cinco medidas cautelares a los pobladores de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, perjudicados por la actividad de la minera Marlin.

El Ejecutivo guatemalteco consideró que la petición realizada por el organismo de suspender la actividad minera carecía de fundamento y se basaba en informes desactualizados, a pesar de que recientemente se presentaron informes que hicieron hincapié en la contaminación causada por la minera Marlin sobre el ambiente y la población local.

Radio Mundo Real dialogó con Oscar Gálvez, integrante de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala, quien se encontraba participando de una protesta frente al Palacio Nacional, en la que las comunidades afectadas le entregarían una carta al mandatario guatemalteco exigiéndole que cumpliera con lo estipulado por la CIDH.

“El gobierno de la República ayer en una conferencia dio a conocer que no va tomar en cuenta la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dice que no tiene sustento, que está basada en estudios que se han realizado hace más de cinco años, cosa que no es cierta, estamos viendo que los estudios que se están realizando son recientes”, explicó Gálvez.

El activista indicó que de la protesta a las afueras del Palacio Nacional estaban participando más de 300 personas, y que era la primera de una serie de medidas que se tomarían para que el gobierno de Guatemala respetara el reclamo de la CIDH.

Foto: Presidencia de Guatemala/Luis Echeverría

En una conversación con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, la abogada de 33 años cuestiona la minería metalífera y nuclear a cielo abierto, afirma que es dañina y dice que por el principio precautorio no debería llevarse a cabo.

Además, Cuestas señala que la minería no ha podido contrarrestar el daño que ocasiona a través de los métodos de explotación y que la actividad no solamente emplea grandes cantidades de agua, sino que también deja inutilizable otra tanta debido a la contaminación que se provoca en el recurso.

El diálogo se produjo luego de conocerse públicamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba a favor del tratamiento de la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe en todo el territorio ese tipo de actividad extractiva.

En septiembre de 2008, los pobladores de los valles de Ongamira y Traslasierra celebraron la sanción de la Ley 9526, que también impide la explotación de uranio y torio ―ambos minerales nucleares―, y el uso en la minería de sustancias químicas contaminantes y tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.

Por su parte, la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) iniciaron en mayo de 2009 una acción judicial ante el máximo tribunal provincial para que la norma sea declarada inconstitucional.

¿Por qué prohibir la extracción a cielo abierto de minerales metalíferos? "Lo digo sencillamente, este tipo de metales está tan diseminado en las rocas que para poder separarlos se utilizan ácidos. Todo este procedimiento es el que causa el perjuicio del que nosotros estamos en contra. El daño que queremos combatir no es tanto el paisajístico, sino el que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos", sostiene Cuestas en la charla.

Activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con nuestros corresponsales en Argentina: laburo@autoproduzioni.net.

Foto: ¡Ongamira despierta!

Empezamos el programa en Uruguay, donde se desarrolló un encuentro con especialistas en energía. Luego en Argentina entrevistamos a un activista detenido por paralizar la construcción de una autopista y en Colombia abordamos cuáles son, más allá de los nombres, las opciones verdaderas y falsas en estas elecciones. Y terminamos en El Salvador, donde se desarrollará entre el 3 y el 5 de junio un Foro contra los Agrenegocios y por la Soberanía de Nuestros Pueblos de Mesoamérica.

El organismo decidió acceder a las peticiones de 18 comunidades mayas Man y Sipakense por contaminación de sus fuentes de agua y expropiación ilegal de territorios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco que la mina Marlin -que extrae oro y plata en el departamento de San Marcos- suspenda las actividades en un plazo de veinte días.

La directora de comunicación de la CIDH, María Isabel Rivero, explicó que las medidas cautelares a favor de 18 comunidades de las etnias Man y Sipakense que han sido afectadas por la actividad de la minera son las siguientes: suspender las actividades de la mina Marlin e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental.

Otras medidas son: impulsar acciones para descontaminar las fuentes de agua, atender los problemas de salud derivados de la actividad minera, garantizar la integridad y vida de los pobladores y planificar medidas de protección con la participación de las personas afectadas y evitar el deterioro de viviendas debido a las explosiones que realiza la mina.

Según explica la Comisión en su sitio digital las medidas cautelares fueron otorgadas el pasado 20 de mayo y comprenden las comunidades mayas de Tres Cruces, Escupijá, Pueblo Viejo, La Estancia, Poj, Sipacapa, Pie de la Cuesta, Cancil, Chual, Quecá, Quequesiguán, San Isidro, Canoj, Ágel, San José Ixcaniché, San José Nueva Esperanza, San Antonio de los Altos, y Siete Platos, en Guatemala.

La concesión minera, así como el inicio de la explotación, se realizaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya, reconoce la CIDH. La empresa Montana habría comenzado la construcción de la mina Marlin I en 2003, y la extracción de oro y plata en 2005.

La explotación minera ha generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, puesto que el Río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia.

Varios pozos de agua y manantiales se habrían secado, y los metales presentes en el agua como consecuencia de la actividad minera han tenido efectos nocivos sobre la salud de miembros de la comunidad.

La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A. hasta tanto ésta adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares.

FOTO: http://revista-amauta.org

Las mineras los expulsan de sus tierras y los metales pesados que emplean en su extracción evenenan sus pescados y sus ríos. En Brasil existen varias etnias denominadas de indígenas “no contactadas” que sufren sin embargo el avance de las industrias extractivas y reclaman en plena capital de la potencia emergente, que sin embargo parece sorda a su pedido de auxilio.

Con el futurista diseño de la Brasilia de Niemeyer de fondo y los apurados burócratas de los ministerios poblando las vertiginosas calles a la hora del almuerzo para luego regresar a sus cubículos de cristal, un campamento con más de seis etnias provenientes de varios estados levantan su reclamo de que le devuelvan sus territorios.

Niños y niñas indígenas disfrutan del césped bien cortado de la anchísima avenida principal brasiliense mientras por oleadas los vehículos circulan tan cerca y tan lejos de esa realidad.

El líder de esa comunidad habla lo que estima será la lengua del futuro: “el portuñol”.

Usa muletas, debido a las heridas que le infirieron los guardias de seguridad del Ministerio al que pretendían ingresar para denunciar el despojo dos días antes de esta entrevista.

Lleva diez años en Brasilia, intentando llegar hasta el Parlamento con el reclamo de sus pueblos.

Y desde hace seis meses su gente acudió y se instaló en pleno frente al Palacio de Itamaraty, con decenas de carpas, siendo este uno de los pocos espacios públicos realmente ocupado por actividad humana en toda la ciudad futurista y vacía de peatones.

“El mercurio llega desde las mineradoras y se mete en el pescado, en el agua, en el baño, es como un cáncer ese mercurio.

Nosotros como pueblos indígenas no contactados no tenemos como comunicarnos y a quién pedir socorro” dice el líder de los reclamantes que piden un gesto de apertura del gobierno Lula.

En sus palabras con Radio Mundo Real también recuerda la lucha asimismo de las comunidades que resisten la megarepresa del Vale Do Rio Doce.

Entre las etnias de cazadores recolectores presentes en el campamento frente a la sede del ejecutivo de Brasil se encuentran los Guajajara, Krahô, los Atikum de Pernambuco, los Munduruku del estado de Amazona, los Pankararu y los Kurubu.

Es la hora de cierre de oficinas en un día viernes en Brasilia.

El zumbido de los vehículos que se atascan intentando llegar a los barrios alejados y las ciudades satélites donde se amontonan 25 veces más población que la originariamente prevista para esta meca arquitectónica, no logra ocultar los cantos y danzas de estas comunidades, que encienden nuevamente sus fogones al caer la tarde, sabedores de que la lucha será larga todavía.

RMR: Ciudad futura, grito ancestral from RMR on Vimeo.

En junio de 2009 decenas de indígenas de la provincia de Bagua, en la norteña región de Amazonas, fueron asesinados por militares enviados por el gobierno de Perú. Como telón de fondo de esa masacre está la resistencia de las comunidades originarias a proyectos extractivistas que atentan contra una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta.

Investigadores peruanos como Roger Rumrill advierten que la continuidad de las concesiones de lotes petroleros a multinacionales europeas derivará en un “nuevo baguazo”, y que un conflicto con esas características podría registrarse en los próximos meses, con la complicidad de la administración orientada por el derechista Alan García.

En el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Madrid, Rumrill denunció a la empresa francoinglesa Perenco y a la española Repsol YPF por atentar, mediante sus proyectos, con la supervivencia de comunidades indígenas peruanas que están en aislamiento.

Otro de los ejemplos citados por Rumrill es la concesión del lote petrolero 117 a la corporación Petrobrás, ubicado en la frontera con Colombia y Ecuador, y que pone en riesgo a unas cien comunidades indígenas. En la denuncia, en la que también participó la organización española Ceiba, se cuestionó el papel de las políticas comunitarias de la Unión Europea, en tanto éstas “facilitan los tratados de libre comercio y otros mecanismos que permiten la actuación de las multinacionales”.

Foto: Radio Mundo Real

510 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones son los que están siendo planificados como parte del IIRSA, violando el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas directa e indirectamente.

Representantes de organizaciones sociales declararon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la implementación del proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se está haciendo violando el derecho a consulta previa.

En esta producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) se recorren las distintas situaciones por las que atraviesa la implantación de este proyecto facilitador de las industrias extractivas en el subcontinente, desde Centroamérica hasta la Patagonia.

Imagen: www.aler.org

La multinacional Carbones del Cerrejón y su implantación por la fuerza en Colombia, con la complicidad de la Unión Europea, fue acusada de violación de derechos humanos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos de Madrid, que este lunes dará 27 veredictos, el total de los casos presentados.

Carbones del Cerrejón ingresó en los departamentos de La Guajira, César y Antioquia. Es una compañía de capitales británicos y suizos: sus socias capitalistas son las empresas AngloAmerican, BHP Billiton y Xstrata (subsidiaria de la suiza Glencore).

La acusación ante el Tribunal Permanente de los Pueblos fue realizada por Patricia Tobón, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), pero contó con el apoyo del también colombiano Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu y France Amérique Latine de Francia.

Radio Mundo Real entrevistó a Tobón luego que finalizara su presentación en Madrid.

Ella destacó las violaciones de derechos humanos por parte de Carbones del Cerrejón, sus estruendosas explosiones con 200 dinamitas diarias para extraer carbón, la contaminación del agua por uso de químicos y de esos explosivos, y la contaminación con el polvillo del carbón.

“Las comunidades están muy militarizadas y cualquier tipo de protesta que realicen para exigir sus derechos son entendidas por el Estado como si fueran actos terroristas”, destacó Tobón. “Lo mismo hacen las empresas”, agregó.

Foto: Radio Mundo Real

Los pescadores de la bahía brasileña de Sepetiba se han quedado sin su principal sustento desde que la multinacional Tyhssen Krupp se instaló en esta región del Estado de Río de Janeiro.

Además, la corporación siderúrgica asociada a la local Vale do Río Doce ha sido señalada por las organizaciones locales como responsable por la contratación de grupos paramilitares que amenazan a los opositores a la actividad del conglomerado.

El proyecto en el que participa Thyssen Krupp incluye, entre otras cosas, una central termoeléctrica y dos terminales portuarias, desde la que se exportan productos hacia Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

En diálogo con Radio Mundo Real, Rosi del Comité a Baía do Sepetiba Pide Socorro, una organización carioca, responsabilizó por los impactos sociales, ambientales y políticos a las autoridades estaduales y federales.

Denunció también que algunos trabajadores de la pesca han recibido amenazas de muerte. “La clase política nunca midió cuáles serían los impactos”, sostuvo la militante brasileña, que asegura que el proyecto de la Thyssen Krupp no fue habilitado en Alemania.

Foto: Radio Mundo Real

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