Los últimos días del año en El Salvador se vieron estremecidos por el brutal crimen contra una activista ambientalista del departamento de Cabañas, acribillada por la espalda, con un embarazo avanzado y en momentos en que sostenía en brazos a un niño, que afortunadamente resultó ileso. Se trata de Dora Santos Sorto Rodríguez, asesinada en la comunidad Trinidad.

Por cierto no fue un hecho aislado, sino que es un nuevo capítulo en la serie de asesinatos que en esa misma región salvadoreña se han dado a lo largo del año, desde que a mediados de 2009 fuera asesinado –a pesar de contar con “custodia” policial ordenada por la Justicia tras un atentado previo- Marcelo Rivera, destacado militante contra los megaproyectos mineros en El Salvador.

En diciembre 20, Ramiro Rivera integrante del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), suma su nombre al listado de asesinados por la mano invisible –aunque “eficiente”- de la minería.

En Cabañas y en particular en Trinidad, nadie de la comunidad alberga ninguna duda que la autoría intelectual de estos crímenes selectivos proviene de “Pacific Rim”.

De hecho al momento del sepelio de Dora Santos, el párroco Valentín Arias representó a todos al señalar a la empresa como responsable del baño de sangre: “La codicia y la ambición al oro es la raíz de todos estos males”, dijo y agregó “no estamos aquí para calmar la conciencia, estamos para despertar la conciencia, para fortalecer la organización comunitaria y para exigir que está empresa se vaya de una vez por todas y no queremos que se vaya para otra parte, porque a cualquier lugar donde llegue causará daño, queremos que se vaya de Cabañas, de El Salvador y del mundo”.

Radio Mundo Real recogió el testimonio de José Acosta, integrante de CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador quien transmitió la honda indignación de la comunidad que lejos de transformarse en temor y repliegue se traduce en un fortalecimiento de la resistencia a los proyectos mineros y su saldo lúgubre.

“La población ya no tiene ninguna confianza en las instituciones como la policía y la justicia que no han cumplido papel alguno en evitar estos crímenes y esto nos parece sumamente preocupante”, insistió Acosta.

Foto: http://elojodelarazon.blogspot.com/

«La ley se logra gracias al gran esfuerzo de toda la comunidad que se levantó en pie de defensa, (...) sobre todo del recurso agua, bosque», relató María Cuestas, abogada y vecina activa de la Asamblea Ambiental ¡Traslasierra Despierta!. La precupación por el «flagelo» que ocasiona la gran minería en «otras provincias hermanas» es lo que moviliza desde 2003 a los pobladores de los valles cordobeses.

Cuando la legislación fue aprobada existían proyectos mineros para extracción de oro, plata, uranio y otros minerales en «etapa de exploración (...) y otros simplemente estaban solicitando explorar», explicó Cuestas.

El pedido de inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) en mayo último. Al respecto, Cuestas aseguró que el tema aún está pendiente de resolución en el TSJ y que éste «de ninguna manera se va a expedir todavía».

A pesar de lo ocurrido, Cuestas finalmente rescató el «movimiento» y las «participaciones» que a nivel social generó la noticia: «Si bien nos preocupa y pone alerta a las comunidades, (...) estamos luchando por un ambiente sano, equilibrado, como dice la Constitución».

* Activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con nuestros corresponsales en Argentina Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.

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Luego de finalizar su exposición en una de las actividades de este foro de los movimientos y organizaciones sociales, paralelo a las negociaciones oficiales de la COP 15 de Cambio Climático, el indígena peruano fue entrevistado por Radio Mundo Real.

Palacín Quispe es además uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), que este año cumplió su décimo aniversario.

En la entrevista que nos cedió gentilmente, cuestionó las posiciones de los países industrializados en la COP 15 y el modelo extractivista y de exportación primaria que predomina en su país y en América Latina, que ha llevado a que los Estados ricos económicamente tengan “una deuda ecológica e histórica por más de 517 años”.

Foto: Radio Mundo Real

Así resumió la importancia de las elecciones a realizarse este domingo 6 de diciembre Evelin Mamani, integrante del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade).

“Se está manteniendo, es verdad, una lógica desarrollista, sin embargo hay algunos avances nos parece en materia participativa con la sociedad civil, pueblos indígenas. La nueva Constitución nos señala un cierto énfasis en la consulta, en la participación y este tema es muy importante en materia ambiental”, dice Evelin en entrevista con Radio Mundo Real.

Aunque existen reconocimientos a la administración de Evo Morales en cuanto a la recuperación de recursos naturales otrora en poder de trasnacionales, se puntualiza que ese cambio en la propiedad de los mismos no ha significado un necesario cambio de rumbo en cuanto a la “lógica extractivista”.

Tiempo de cobrar

“Corresponde que esa Constitución que se muestra tan comprometida con los derechos de las comunidades, incluso en sus aspectos de política internacional, se aplique en toda su extensión. Podemos decir que se abre un tiempo de cobrar”, insiste Evelin Mamani, señalando que esos hechos mucho más que los discursos representan el “examen final” de Evo y sus compañeros en un nuevo período de gobierno.

Citó como ejemplo la reciente realización en Cochabamba del Tribunal Internacional de Justicia Climática como una señal hacia la comunidad internacional que esperan se verifique en los pasos de una nueva era gubernamental boliviana.

Foto: http://sucre.indymedia.org

Es que el pasado 27 de octubre, 18 924 ciudadanos dijeron no a la presencia de empresas nacionales y transnacionales para apropiarse y explotar los recursos naturales de las comunidades de Cunén en el marco de una consulta comunitaria en 71 poblaciones.

Bajo la coordinación del Consejo de Comunidades de Cunén, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), alcaldes comunitarios, líderes comunitarios, religiosos y el respaldo del acuerdo municipal emitido con fecha 23 de septiembre de 2009, las comunidades del casco urbano y rural fueron convocadas para el martes 27 de octubre, para definir la posición de todos ante cuatro licencias concedidas para la exploración y explotación minera en el municipio.

Desde primeras horas del día, los habitantes fueron concentrándose en los centros de cada poblado en donde expresaron su posición ante las actividades mineras, ante los ojos de las autoridades locales estructuradas en COCODES, alcaldías auxiliares y la presencia de observadores nacionales e internacionales, organizaciones sociales y representantes de diversas comunidades indígenas del país.

Bendición democrática

Tras la jornada de consulta en el área rural, la población del casco urbano se hizo presente en el parque central de Cunén para dar a conocer su posición.

Algunos de ellos reflexionaron sobre la importancia de la consulta comunitaria en diálogo con Radio Mundo Real.

Diego Us, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de Llano Largo, aldea localizada a 13 km. del casco urbano, califica este ejercicio comunitario de excelente con la afirmación de ser dueños de los territorios y no de los gobiernos. “La consulta resulta ser una bendición -recalca Us- porque protege a la comunidad contraviniendo a los gobiernos y diputados que cuando ostentan el poder venden al pueblo y todo ser humano, tomando a la población como juguete político”.

Por delante otros retos

Este ejercicio comunitario se desarrollará próximamente en los municipios de Sacapulas y Uspantán del departamento de El Quiché, en donde ya se ha aprobado la implementación de megaproyectos y concedido licencias de exploración y explotación minera, que ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población quichelense.

Las consultas comunitarias se sustentan legalmente en la Constitución de la República de Guatemala, el Código Municipal, el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre los proyectos y políticas económicas que afectan directamente a las poblaciones indígenas.

Pero este tipo de consultas también forma parte de una tradición muy arraigada en la cultura maya.

En el caso de Cunén, ubicada a 232 kilómetros de Ciudad de Guatemala, se ha aprobado el proyecto de exploración de minería “La Abundante” y los proyectos Yexub, ADD Minera y Chepenal.

Los casi 19 mil pobladores que en su totalidad dijeron “no” a las licencias de extracción y a la presencia de empresas guatemaltecas y trasnacionales representan el 57,5 por ciento de la población del municipio.

Los votos emitidos contra las mineras superaron incluso los sufragios registrados en las últimas elecciones, se señaló de parte de Osmundo Oxlaj, miembro del Consejo de Comunidades de Cunén al dar a conocer los resultados.

Ejercicio positivo

Radio Mundo Real también dialogó con Domingo Hernández de la Junta Cargadora de Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej. “La consulta es una primera etapa de articulación de las comunidades en la defensa de la Madre Tierra, los bosques, el agua, las siembras; las cuales están en peligro por la presencia de las transnacionales”, dijo Hernández.

Agregó que “las comunidades son los actores directos en un ejercicio positivo, en el uso de sus derechos como ciudadanos, en donde la población muestra su rechazo a la presencia de las transnacionales, contra de la destrucción de la Madre Naturaleza y contra el enriquecimiento de unos pocos con los recursos que poseen los territorios indígenas”.

“Cuando hablan de desarrollo, es el desarrollo de las empresas, de las trasnacionales, no de nuestros pueblos”, indicó el líder comunitario quien agregó que en el correr de este año en Guatemala la pobreza alcanzará a 850 mil personas más y “esto no tiene nada que ver con desarrollo”.

Fotos: www.waqib-kej.org

«Ponen en el aire, con las explosiones y las voladuras, arsénico, plomo y mercurio que están contenidos en nuestra propia cordillera» relató a Radio Mundo Real Eugenia, de la «Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata por la Vida Sana», al referirse a los impactos de la minería metalífera en la región.

«Todos estos proyectos mineros están a lo largo de toda la Argentina, de toda la cordillera, justamente en las nacientes de agua, en los glaciares, que son vitales para los pueblos», remarcó la ambientalista mendocina desde el corte de ruta, la última instancia de lucha tras muchísimos petitorios y reclamos por la vía judicial que no fueron escuchados.

Las asambleas de vecinos contra la megaminería se fueron levantando con el auge de los cateos y prospecciones mineras, que desde 1996 no paran de crecer en el país, explica Eugenia. «La escala de esta minería es lo que es monstruoso», resaltó.

Enmarcada en una jornada en la que miles de conciencias en América repudiaron el avance colonial posterior al 12 de octubre de 1492, Eugenia señaló que manifestarse en este día «representa la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la capacidad de poder decidir de qué manera queremos vivir».

En particular, la provincia de Mendoza es una zona con importantes reservas naturales y lugares turísticos, en donde los emprendimientos agrícolas, gracias al impacto de la industria minera, podrían perder sus certificados de calidad. «Uno riega cualquier cosa con agua contaminada, le cae polvo contaminado del ambiente, y eso después pasa al producto», agregó la activista. Para el final, Eugenia dejó un llamado de atención contundente: «Este saqueo es infinitamente mayor que todos los saqueos anteriores».

* Activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con nuestros corresponsales en Argentina Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.

Las mismas, que se extienden entre el 12 y el 13 de octubre, se dan en el marco de un “paro armado” en la zona del municipio de Cubará, departamento de Boyacá. El Cabildo U'wa ha resuelto que estas conmemoraciones tengan como consigna central la no explotación de ningún recurso natural y no violación a sus territorios ancestrales.

Hildebrando Vélez, de Amigos de la Tierra Internacional, se encuentra en ese territorio como parte del acompañamiento que distintas organizaciones colombianas e internacionales vienen realizando a la convocatoria U'wa.

Desde allí relató para Radio Mundo Real las dificultades para acceder al territorio así como para hacer efectiva la movilización al no poderse acceder a las vías terrestres de comunicación.

El integrante de CENSAT - Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia) explicó además que el “paro armado” implica una prohibición de las fuerzas guerrilleras operantes en la región del uso de los caminos y las carreteras lo que dificulta el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Por su parte Beru Tegria, dirigente del cabildo U'wa, dijo que el objetivo de las comunidades es “fortalecer el planeta Tierra y por eso hacemos acto visible en nuestro territorios para decir que tenemos que movilizarnos para poder seguir vivos”.

Proyectos de extracción petrolera por un lado, de instalaciones hidroeléctricas y de “eco-turismo” por otro son los que el gobierno de Álvaro Uribe tiene previstos para la región de los U'wa, nos comenta su referente Beru Tegria.

Foto: http://www.amazonwatch.org/

Precisamente este crimen contra un líder comunitario se dio en el marco del desalojo de la comunidad Q'eqchi' de “Nube Blanca”, en el departamento nororiental guatemalteco de Izabal.

La relación de hechos indica que fueron las fuerzas de seguridad de la empresa niquelera CGN las responsables de su apresamiento, tortura y doloroso fallecimiento.

Desde la comunidad La Unión, en el municipio El Estor, Radio Mundo Real recoge el testimonio de familiares y compañeros del maestro asesinado.

En primer término Victorino Tejaxun, comunicador social de Waqib Kej - Guatemala, describe el contexto en el que dicho asesinato fue consumado.

También dialogamos con Edgar Geovanny Ich Choc, de 24 años de edad, hijo del educador asesinado. “Vamos a mantenernos en pie de lucha para que no se sigan avasallando nuestros derechos como indígenas y para recuperar las tierras que por tradición nos pertenecen”, nos dice Edgar.

Son nueve las comunidades indígenas y muchos otros movimientos sociales los que se enfrentan en El Estor a la empresa CGN.

Desde el gobierno guatemalteco no se ha expedido siquiera un pésame hacia la familia del maestro ultimado “lo que nos hace pensar que existe una complicidad del gobierno con estas empresas”, nos dice su hijo.

El desalojo, además de haber sido comandado por la misma gobernadora Departamental de Puerto Barrios, Luz Maribel Ramos, tuvo ribetes de extrema crueldad.

Adolfo Ich fue macheteado en distintas partes del cuerpo y por último ejecutado con un tiro de gracia. Adolfo es cuñado de Ramiro Choc, dirigente comunitario encarcelado desde febrero de 2008, sin que hasta la fecha haya sido condenado por falta de pruebas (ver http://www.radiomundoreal.fm/Todos-...).

Dolor en coraje

Otro de los integrantes de la comisión que se hizo presente en las tierras del maestro asesinado para denunciar el crimen y solidarizarse con su familia es Héctor Jerónimo Giménez del colectivo juvenil indígena Xinra Xalapan.

Las comunidades buscan trocar el dolor que significa una muerte más en un mayor coraje a la hora de enfrentar a las transnacionales.

Finalmente Radio Mundo Real recogió el testimonio de Mario Nij, vocero de las Comunidades de San Juan Sacatepéquez. Precisamente esas comunidades se enfrentan a la expansión de una empresa cementera (Cementos Progreso) y por tanto conviven con los métodos violentos empleados por las corporaciones para abrirse paso en el territorio.

Basándose en la larga lista de acciones violentas de parte de las empresas extractivas hacia las comunidades, Mario Nij reclama directamente la expulsión de las mismas de sus territorios y acusa directamente al gobierno y al status quo guatemalteco de apañar las prácticas terroristas de las empresas.

Foto: http://mimundo-jamesrodriguez-esp.b...

Toro se reunió en capital federal con el secretario de Minería de la Nación, ingeniero Jorge Mayoral y la secretaria de Hidrocarburos rionegrina, Tamara Pérez Balda, junto al secretario de Producción de Río Negro, Juan Accatino y el gobernador Miguel Saiz, en el marco de la búsqueda de una alternativa viable para poder extraer el oro del suelo provincial. El proyecto más avanzado es el Calcatreu, que la empresa Aquiline Argentina desarrolló en la zona de Lipetrén, ubicada a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.

Luego de varios años de exploración que arrojaron resultados positivos, en el 2007 la empresa había proyectado la apertura de una mina a cielo abierto para extraer oro y plata mediante la lixiviación con cianuro. Sin embargo, la decisión del gobierno de prohibir el uso del cianuro en explotaciones mineras e industriales, frenó el proyecto.

Claudia huirían señalo “era algo que estábamos esperando porque la provincia de Río Negro a comenzado una contra ofensiva contra el tema de la explotación de mina a cielo abierto.” También puntualizo que están en alerta, ya que en medios gráficos difundieron que la provincia, a través de la secretaria de control y gestión de empresas públicas había realizado un convenio con el conglomerado de empresas “Grosso Group” de origen canadiense.

Huircan señalo que una de las empresas vinculadas con este grupo de empresas que se dedican a la exploración y explotación, fue denunciada por haber usurpado un cementerio mapuche, y también se la señala porque “falsifico información para quedarse con propiedades mineras en la provincia del Chubut”. Claudia indico que "ahora estamos resistiendo a la burla ,en esta ocasión”

Contacto directo: Gente De Radio Fm RADIO COMUNITARIA PARA LA COMUNICACION POPULAR (San carlos de Bche, Rio Negro,Argentina) (02944-436254) (02944-15602289) www.fmgentederadio.blogspot.com

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El integrante de Coecoceiba - Amigos de la Tierra (Coordinadora de Comunidades Ecologistas la Ceiba de Costa Rica) describió lo que denominó verdadera “catástrofe alimentaria” en algunas de las regiones guatemaltecas visitadas, lo cual se ve acentuado por el accionar de las transnacionales mineras.

“Hemos visto experiencias y luchas muy duras que nos enseñan el concepto del ‘buen vivir' que significa cómo con un número limitado de recursos se puede vivir de un modo digno, ya nadie se cree aquí el concepto del desarrollo en tanto que consumo, ese modelo y ese discurso han colapsado. Ha llegado el momento de la transformación de la sociedad industrial altamente contaminante y ha llegado también el momento de la redistribución”, señala Gabriel Rivas, quien además es biólogo de profesión.

La Misión estuvo integrada por delegados de Amnistía Internacional, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco (Hegoa) y la federación mundial ambientalista Amigos de la Tierra.

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A todas esas arbitrariedades, que fueron constatadas por la Misión Internacional de Verificación Sobre los Efectos de la Minería, habría que sumarle una práctica sistemática de saqueo de los recursos acuíferos por parte de las industrias extractivas, con cifras que asustan.

La minera de origen canadiense Goldcorp –responsable de la subsidiaria Montana, la mayor empresa instalada en el país- utiliza, además de cianuro, unos 250 mil litros de agua por hora, mientras que una familia guatemalteca promedio no consume más de 60 litros de agua diarios.

Se estima que una situación similar se vivirá en la comunidad de San Juan Sacatepéquez, en el departamento central de Guatemala, donde está previsto que se instale la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso. La compañía de capitales suizos pretende instalar allí una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares.

Estos comentarios fueron vertidos en entrevista con Radio Mundo Real por Karin Nansen, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, una de las participantes de la misión que recorrió Guatemala entre el 20 y el 25 de septiembre.

“Mucha gente en el mundo no se imagina la dimensión de las violaciones a los derechos humanos asociada a las mineras, porque se escucha sólo la campana de las empresas, que es publicidad engañosa, y se desconoce los crímenes aberrantes que se cometen en los territorios de las comunidades”, sintetizó Nansen.

Además, Nansen se refirió a la necesidad de que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas –puntualmente con el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT-; lograr el carácter vinculante de las consultas comunitarias en las que se ha manifestado el rechazo a la minería; denunciar a las empresas que impulsan políticas de división entre las comunidades y frenar la criminalización de los movimientos opositores a estos emprendimientos.

En Colotenango, por ejemplo, en los últimos cinco años se registraron seis asesinatos de líderes comunitarios opositores a la minería, y solamente en uno de los casos se hallaron los responsables, relató la activista uruguaya. Estos homicidios rápidamente se archivan como crímenes comunes, lo que demuestra la parcialidad de la justicia, que actúa con mayor eficacia cuando se trata de investigar las denuncias de las empresas.

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Si bien los grandes proyectos extractivos mineros en Guatemala son los principales responsables del desplazamiento y desalojo de comunidades campesinas e indígenas, resulta sintomático que algunos proyectos conservacionistas, “reservas” o “áreas protegidas” sean funcionales a ese objetivo de vaciamiento.

Así lo expresaron en la rueda de prensa pública al cabo de la labor en los territorios los misioneros Luis Guribe, Director del Instituto Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) del País Vasco y Karin Nansen de Amigos de la Tierra Internacional.

El trabajo internacional, denominado “Misión Internacional de Verificación de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” conformó un grupo integrado por Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, el Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada (CESTA - Amigos de la Tierra El Salvador), la Coordinadora de Comunidades Ecologistas la Ceiba de Costa Rica (COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica)y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco (Hegoa).

Entre el 20 y el 25 de septiembre la Misión entrevistó a cientos de personas en comunidades de Colotenango, El Estor, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, Livingston y San Juan Sacatepequez. La invitación surgió de la Mesa de Pueblos Indígenas y Campesinos.

Estado parcial

Otra de las conclusiones de la Misión fue el carácter marcadamente parcial de las acciones estatales a favor de las empresas mineras y en contra de las comunidades. Si tras los abusos cometidos, las víctimas y familiares denuncian los hechos ante las diferentes autoridades –concluye la Misión- se encuentran con la parcialidad manifiesta del Estado que actúa con rapidez y diligencia tramitando denuncias de empresas extractivas y ejecutando con prontitud las órdenes de busca y captura hacia los miembros de la comunidad.

Sin embargo, las denuncias de muertes, violaciones de mujeres, amenazas, intimidaciones de las comunidades empobrecidas caen en el olvido más absoluto cuando no en la hostilidad, concluye la Misión.

Varios son los derechos lesionados de las comunidades: el de acceso al agua –los cauces de los ríos son sistemáticamente contaminados por los efluentes mineros o bien declarados propiedad privada-, de acceso a la salud y a los territorios ancestrales. Pero la impunidad reinante también hace posible, según se reflejó en la rueda de prensa, aberraciones como el abuso sexual y las violaciones como instrumento intimidatorio y de terror que aceleren el desplazamiento.

Recomendaciones

La Misión, que elaborará un informe y presentará casos concretos ante instancias estatales de amparo como la Defensoría del Pueblo, estableció una serie de recomendaciones a hacer llegar a las autoridades estatales guatemaltecas.

Entre ellas se solicita la suspensión de los desalojos en los casos de disputa sobre derechos laborales o propiedad de la tierra y el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la participación de los pueblos indígenas en todas las fases de la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación de cualquier actividad que afecte a sus derechos e intereses.

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José forma parte del Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada (Cesta), que como parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional se sumó a la Misión que recorrió regiones guatemaltecas afectadas por la minería a cielo abierto.

Los misioneros comprobaron sobre el terreno los efectos del accionar de las trasnacionales sobre el estado de ánimo de las familias que habitan las regiones para las cuales existen mega-proyectos pendientes de ejecución.

“Los niños reflejan el temor y el nerviosismo que sufren esas familias por la incertidumbre respecto a su destino y el sentimiento de despojo que significan estos desplazamientos”, dijo José Acosta, entrevistado por el acompañante de parte de CEIBA Guatemala, Victorino Tejaxun, para Radio Mundo Real.

“Pudimos comprobar la fiera disputa por el territorio”, reafirma Acosta quien relata en especial los desalojos operados por Goldcorp, una trasnacional de origen canadiense, en la región del nor-oriente guatemalteco.

Más adelante, siguiendo con las conclusiones preliminares de la Misión, José Acosta da cuenta de un cierto sentimiento de desencanto de parte de las comunidades respecto a las instituciones que teóricamente deberían defenderlas.

“Las comunidades están siendo desplazadas, están siendo violentadas y las instituciones no hacen nada al respecto, dijo José Acosta. Por tanto la respuesta que vendrá de parte de las poblaciones será una respuesta necesariamente violenta, una violencia provocada precisamente por las empresas trasnacionales”.

Asimismo, José Acosta denuncia el accionar de algunas organizaciones ambientalistas guatemaltecas quienes se han sumado al discurso –funcional a las trasnacionales- de “vaciar el territorio para preservarlo”, lo cual ha generado frustración en las poblaciones.

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